por Eduardo Grüner
Compañeros, colegas, amigos, conocidos, “público en general”:
El conflicto por los horriblemente llamados “jubilables” de la UBA podría estar alcanzando en las próximas semanas un punto culminante. Ya ha habido notas en los medios, programas de radio, circulan solicitadas y petitorios, hay miles de firmas en solidaridad con los afectados, y el 8 de junio se está preparando un gran acto bajo el formato de “clase magistral” a cargo de algunos/as afectados/as, deseablemente con presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del año 2009, y que el rectorado desobedece con argumentos francamente deleznables.
Todo esto, sin embargo, con ser mucho, todavía no es suficiente. Ni siquiera todos los afectados, menos aún todos los miembros de la comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad argentina en general –que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos–, tiene una idea acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y probablemente del mundo: sí, del mundo, puesto que con nuestros 320 000 estudiantes ya somos más grandes que la UNAM, que tiene 14 veces más presupuesto que la UBA). La posible “liquidación”, por medio de una acción ilegal, de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es una amenaza que de ninguna manera pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario, esta “renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha trascendido la promesa “extraoficial” de que luego se extenderá hasta el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como es la costumbre académica): ¿por qué entonces no hacerla directamente hasta esa fecha (lo cual de todos modos sería improcedente, pues debería hacerse al menos por cinco años más)? ¿Se está especulando con un “retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita seguir con las acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse de sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que de pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy tienen 63 o 64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”.
Sea como sea, de lo que se trata es de un gigantesco ajuste, no solamente económico, sino integral. Ya sería suficientemente catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo que es: un despido sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación” forzada e –insistamos en esto– ilegal) a la “materia gris” más probada y de mayor experiencia de la Universidad, hombres y mujeres en plena actividad productiva en los campos de la enseñanza, la investigación, la extensión y la transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de libros y artículos, y a la cual se la maltrata y humilla de la manera más desconsiderada haciéndole saber vía Banelco que no existe más para la Universidad, después de haber servido lealmente a la UBA durante décadas, y sin considerar la situación particular de tantos de ellos/as que por la propia historia del país de la cual fueron víctimas (exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o que aún sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por unanimidad del Congreso de la Nación en 2009), no ha iniciado sus trámites de jubilación, con lo cual de un día para el otro y sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo –situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas” donde la mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia–. Hasta la peor de las empresas privadas está legalmente obligada a dar un mes de preaviso y la indemnización correspondiente al empleado que despide. La UBA, evidentemente, no.
Pero aún al margen de tales consideraciones “humanitarias”, esta política intempestiva atenta de manera brutal contra la normalidad del trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras enteras, de equipos de investigación, de colectivos de producción científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya sería suficientemente grave. Es toda la comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber la que sufrirá un empobrecimiento desastroso.
Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los tantos otros “ajustes” permanentes con los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos “naturalizado”: por ejemplo, la existencia de algo así como un 30% de docentes de la UBA llamados ad honorem, que sostienen las “trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el “honor” de permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de su bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo que significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la existencia, entre los que sí cobran un magro salario, de algo así como un 70% de docentes “interinos”, no-concursados, vale decir “inestabilizados” por la desidia, el atraso o el desinterés (desinterés bien interesado, en muchos casos) en el llamado y sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de los argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las víctimas).
Es decir: bastan estos datos rápidos para advertir que la UBA es hoy la institución estatal con el índice más alto de precariedad laboral en todos los sentidos. Algo que debería ser absolutamente intolerable que ocurriera en cualquier lado –sobre todo en épocas en que tanto se nos señala la “recuperación de derechos” –, y con mucha más razón para una institución consagrada a la formación científica, intelectual y cultural de miles y miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el denominado “futuro de la nación”.
Sin embargo –seamos sinceros con nosotros mismos– en general lo estuvimos tolerando. Aunque tenemos nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y nuestros ámbitos de reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra presencia física en las facultades (que en sí misma es una consecuencia del “ajuste permanente”, ya que nuestros edificios no cuentan con los espacios adecuados, en muchos casos ni siquiera los espacios adecuados para trabajar), sumado a que estamos obligados a correr de un lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero para llegar a fin de mes, y a cierto “individualismo competitivo” característico de la naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario– ha provocado esa “naturalización” del desastre que estamos describiendo.
Pero estamos llegando, al mismo tiempo, al límite de lo soportable. Entendámonos, por favor: se trata de la UBA, un lugar al que muchos amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras vidas. La docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario, donde marcamos el reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos escapamos a tomar un cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es para el docente (primario, secundario o universitario) su existencia misma. Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros mismos, en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿nuestras cabezas y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo que todo esto es “normal”, que quizá tiene sus problemitas y sus molestias, pero nada que no suceda en cualquier trabajo? No, no podemos. Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución están en la picota.
La cuestión es, por otra parte, profundamente política, en el más alto y noble sentido de la palabra. Es hora, en la UBA y en todas partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De no permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados, incluso contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada menos que la “autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para producir este “ajuste” salvaje contra las propias condiciones mínimas de trabajo en la institución para cuyo trabajo fue conquistada esa autonomía. Es, esa invocación, una obscenidad perversa.
La sociedad para la cual trabajamos, la que paga nuestros salarios, no se merece este tipo de afrentas. Es ya en este primer sentido que decimos que la cuestión es profundamente política: en el sentido de que la polis, la comunidad de los ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su conjunto debe tomar riendas en el asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y convocarla.
Hay también otros sentidos más precisos y “concretos” en los que esta es una cuestión política. Otro de los argumentos “perversos” que se nos da es que los docentes “mayores” deberían dejar el lugar a los más jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos abusivamente desconociendo el derecho que les otorga una Ley nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte) años más, se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de estar “reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad honorem. El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional” por el acceso a los recursos escasos– este argumento mezquinamente “administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional: con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y subdotadas en términos de recursos humanos (pocos auxiliares sobreexplotados trabajando en la precariedad que ya vimos), lo racional sería desdoblarlas, crear nuevas cátedras para las mismas materias, sustanciar concursos, así “haciendo lugar” para los docentes jóvenes, y al mismo tiempo respetando los derechos de los actualmente al frente de esas cátedras.
Por supuesto, ello implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de presupuesto para la UBA (cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino infraestructurales, edilicios, etcétera), y esto es lo que la actual conducción de la UBA no está dispuesta a hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera “guerra del cerdo” contra los docentes “mayores”.
¿Por qué no está dispuesta a hacerlo (como tantas otras cosas que harían falta)? Esta es una segunda dimensión de política “precisa y concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente entre sectores cercanos al gobierno nacional, sectores de la UCR y sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la UBA una bien coordinada SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitadísima) cuya función principal, más allá de los posicionamientos políticos individuales, parece ser la de garantizar la autoreproducción in aeternum de ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia” superestructural ajena a la vida cotidiana, material y concreta de las “bases” (docentes, estudiantes, no-docentes) que sostienen el trabajo universitario día a día, hora tras hora.
Discutir a fondo cuestiones como la presupuestaria significaría, para este grupo, entrar en estado de potencial conflicto con el gobierno y los partidos o grupos políticos que los sostienen. Eso –que además implicaría una movilización masiva del conjunto de la comunidad universitaria en apoyo a los reclamos– no pueden permitírselo: pondría en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al poder. No es verdad que en la UBA haya hoy “democracia”. En los hechos es una ínfima minoría la que está en posición de tomar las decisiones importantes, ya que por ejemplo –en otra vuelta de esta espiral hecha de círculos viciosos- la inmensa mayoría constituida por los docentes “interinos” no tiene derecho a formar parte de los consejos directivos de las facultades sino a través de la muy discutible ficción de los “graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación “indirecta” que permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es una razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las Asambleas universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas por un auténtico debate plural, sino con todo bien “atadito” por los cabildeos desarrollados entre unos pocos en los pasillos y las oficinas oscuras.
Hace ya mucho tiempo que se requiere imperiosamente de una transformación profunda de los estatutos de la UBA, y muy particularmente de sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica ciudadanía universal a todos sus miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable una gran segunda Reforma Universitaria, que la ponga “al día” con la “democracia radical”. Desde ya: para hacer esto –para hacer algo que no significa ninguna extrema “revolución maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”, como cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509– va a haber que pelear; el anquilosamiento en el poder de la SRL es pétreo, y no va a ser fácil sacudirlo.
Finalmente, y ampliando el círculo, hay una responsabilidad política del Estado nacional que no puede ser soslayada. La autonomía de las universidades nacionales lo es por supuesto respecto del gobierno, de los partidos políticos, de las empresas y corporaciones privadas y demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es económicamente autónoma: siendo estatal y gratuita –y esta es una condición que debe ser mantenida y defendida a rajatablas– depende financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no solamente al gobierno de la UBA, al que hay que exigirle que se haga cargo racionalmente de su mantenimiento, su crecimiento y su adecuado funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que debe garantizar –a través de los mecanismos judiciales y/o parlamentarios que correspondan– que una institución estatal como la UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso de la 26509. No se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande de la Argentina (y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y llanamente fuera de la ley.
Habría muchísimo más que discutir, incluso desde una perspectiva “filosófica” muy amplia. ¿Qué significa en la sociedad actual haber alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera edad”? Por poner un ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un trabajador minero o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para un docente universitario o un intelectual en general, que en condiciones normales a esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado sobre una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el “intelectual” –algo que además en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, por lo menos en las ramas más tecnificadas de la economía– ¿significa entonces que no debemos tomar en cuenta los efectos de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para transformar de raíz ese sistema?
También podríamos discutir qué significa hoy producir intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no es siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor universitario, para tener una producción intelectual crítica e interesante. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una universidad. A Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de habilitación (que se transformaría en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán) para la Universidad de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no alcanzó nunca el título universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos excepcionales ser tomados como ejemplos para negar que gran parte del mejor trabajo intelectual es desarrollado por quienes son también docentes universitarios, y lo es hasta mucho después de los famosos 65 años (en algún otro lado hemos citado casos canónicos como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg Gadamer, fallecidos respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de la docencia y la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes como los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90 años en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores “mayores” de la UBA pueden ser contratados o declarados consultos. En primer lugar, eso no soluciona el problema de los docentes mal llamados “auxiliares” que hace años y años que esperan sus concursos cuando han alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los profesores (titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con una renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una dedicación “simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir: volvemos al debate presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado.
Y de todas maneras, para volver a la pregunta: ¿qué significa realmente nuestro trabajo intelectual en la UBA? No es un secreto que el mismo está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente “productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una manera de decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo perverso para hablar de compensaciones “en negro” a los salarios insuficientes– se termina “premiando”, decíamos, la repetición o el reciclaje anodino y rutinario de siempre los mismos papers para congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de enjundiosas investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo mohoso al que nadie jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben voluminosos e importantísimos libros no reciben el más misérrimo “puntaje” con el cual engrosar su curriculum vitae.
En fin, ¿para qué abundar? Por donde le busquemos la vuelta, la conclusión es siempre, dramáticamente, la misma: la UBA está en franca crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un tobogán de patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de las Luces del siglo XVIII– que este embate contra los “jubilables” es el síntoma de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón. No obstante, la UBA sigue siendo –casi exclusivamente por el trabajo apasionado y “a pulmón”, en las peores condiciones, de aquellos docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen amando pese a todo– una de las dos o tres universidades más prestigiosas de América Latina. Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe).
Afortunadamente, la comunidad universitaria ha demostrado tener aún capacidad de reacción. El escándalo de los “jubilables” ha operado como el emergente de un malestar estructural que parece estar encontrando en ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término) una vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera sabemos bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el actual “encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el debate de una buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de las acepciones de esa expresión.
La acción más inmediata que podemos realizar es la de aportar de todas las formas que se nos ocurra para hacer que el acto político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un acontecimiento multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y reflexión crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos, colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos, mediáticos o lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso de los ámbitos educativos, ya que, repetimos, este debería ser un tema de interés general y urgente para toda la sociedad nacional y, si fuera posible, internacional. Pero además, el acto del 8 de junio debería ser tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea orientar el proceso hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más allá de él y continuadamente por los medios más intelectual y políticamente rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales. ¿Conocemos artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas, científicos, periodistas, músicos, diseñadores, bailarines, “graffiteros”, lo que sea? Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo lo que mejor saben hacer, “inventen” modos múltiples de hacer llegar esta problemática y este debate al espacio público, por supuesto los universitarios, pero también las calles, las plazas, los medios de transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate sobre la UBA en una gran movilización de las más creativas energías sociales. Desde ya, hay infinidad de otras situaciones sociales, políticas y culturales que pueden ser tanto o más importantes que la crisis de la UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es una causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que fácilmente y por excelentes razones puede sentirla como suya. No desperdiciemos la oportunidad de una discusión importante, bajo la consigna más general pero también más estricta posible: No a la destrucción de la UBA.on presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del año 2009, y que el rectorado desobedece con argumentos francamente deleznables.
Todo esto, sin embargo, con ser mucho, todavía no es suficiente. Ni siquiera todos los afectados, menos aún todos los miembros de la comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad argentina en general –que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos–, tiene una idea acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y probablemente del mundo: sí, del mundo, puesto que con nuestros 320 000 estudiantes ya somos más grandes que la UNAM, que tiene 14 veces más presupuesto que la UBA). La posible “liquidación”, por medio de unaacción ilegal, de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es una amenaza que de ninguna manera pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario, esta “renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha trascendido la promesa “extraoficial” de que luego se extenderá hasta el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como es la costumbre académica): ¿por qué entonces no hacerladirectamente hasta esa fecha (lo cual de todos modos sería improcedente, pues debería hacerse al menos por cinco años más)? ¿Se está especulando con un “retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita seguir con las acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse de sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que de pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy tienen 63 o 64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”.
Sea como sea, de lo que se trata es de un gigantesco ajuste, no solamente económico, sino integral. Ya sería suficientemente catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo que es: un despido sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación” forzada e –insistamos en esto–ilegal) a la “materia gris” más probada y de mayor experiencia de la Universidad, hombres y mujeres en plena actividad productiva en los campos de la enseñanza, la investigación, la extensión y la transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de libros y artículos, y a la cual se la maltrata y humilla de la manera más desconsiderada haciéndole saber vía Banelco que no existe más para la Universidad, después de haber servido lealmente a la UBA durante décadas, y sin considerar la situación particular de tantos de ellos/as que por la propia historia del país de la cual fueron víctimas (exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o que aún sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por unanimidad del Congreso de la Nación en 2009), no ha iniciado sus trámites de jubilación, con lo cual de un día para el otro y sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo –situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas” donde la mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia–. Hasta la peor de las empresas privadas está legalmente obligada a dar un mes de preaviso y la indemnización correspondiente al empleado que despide. La UBA, evidentemente, no.
Pero aún al margen de tales consideraciones “humanitarias”, esta política intempestiva atenta de manera brutal contra la normalidad del trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras enteras, de equipos de investigación, de colectivos de producción científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya sería suficientemente grave. Es toda la comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber la que sufrirá un empobrecimiento desastroso.
Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los tantos otros “ajustes” permanentes con los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos “naturalizado”: por ejemplo, la existencia de algo así como un 30% de docentes de la UBA llamados ad honorem, que sostienen las “trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el “honor” de permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de su bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo que significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la existencia, entre los que sí cobran un magro salario, de algo así como un 70% de docentes “interinos”, no-concursados, vale decir “inestabilizados” por la desidia, el atraso o el desinterés (desinterés bien interesado, en muchos casos) en el llamado y sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de los argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las víctimas).
Es decir: bastan estos datos rápidos para advertir que la UBA es hoy la institución estatal con el índice más alto de precariedad laboral en todos los sentidos. Algo que debería ser absolutamente intolerable que ocurriera en cualquier lado –sobre todo en épocas en que tanto se nos señala la “recuperación de derechos” –, y con mucha más razón para una institución consagrada a la formación científica, intelectual y cultural de miles y miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el denominado “futuro de la nación”.
Sin embargo –seamos sinceros con nosotros mismos– en general lo estuvimos tolerando. Aunque tenemos nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y nuestros ámbitos de reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra presencia física en las facultades (que en sí misma es una consecuencia del “ajuste permanente”, ya que nuestros edificios no cuentan con los espacios adecuados, en muchos casos ni siquiera los espacios adecuados para trabajar), sumado a que estamos obligados a correr de un lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero para llegar a fin de mes, y a cierto “individualismo competitivo” característico de la naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario– ha provocado esa “naturalización” del desastre que estamos describiendo.
Pero estamos llegando, al mismo tiempo, al límite de lo soportable. Entendámonos, por favor: se trata de la UBA, un lugar al que muchos amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras vidas. La docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario, donde marcamos el reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos escapamos a tomar un cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es para el docente (primario, secundario o universitario) su existencia misma. Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros mismos, en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿nuestras cabezas y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo que todo esto es “normal”, que quizá tiene sus problemitas y sus molestias, pero nada que no suceda en cualquier trabajo? No, no podemos. Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución están en la picota.
La cuestión es, por otra parte, profundamente política, en el más alto y noble sentido de la palabra. Es hora, en la UBA y en todas partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De no permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados, incluso contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada menos que la “autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para producir este “ajuste” salvaje contra las propias condiciones mínimas de trabajo en la institución para cuyo trabajo fue conquistada esa autonomía. Es, esa invocación, una obscenidad perversa.
La sociedad para la cual trabajamos, la que paga nuestros salarios, no se merece este tipo de afrentas. Es ya en este primer sentido que decimos que la cuestión es profundamente política: en el sentido de que la polis, la comunidad de los ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su conjunto debe tomar riendas en el asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y convocarla.
Hay también otros sentidos más precisos y “concretos” en los que esta es una cuestión política. Otro de los argumentos “perversos” que se nos da es que los docentes “mayores” deberían dejar el lugar a los más jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos abusivamente desconociendo el derecho que les otorga una Ley nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte) años más, se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de estar “reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad honorem. El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional” por el acceso a los recursos escasos– este argumento mezquinamente “administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional: con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y subdotadas en términos de recursos humanos (pocos auxiliares sobreexplotados trabajando en la precariedad que ya vimos), lo racional sería desdoblarlas, crear nuevas cátedras para las mismas materias, sustanciar concursos, así “haciendo lugar” para los docentes jóvenes, y al mismo tiempo respetando los derechos de los actualmente al frente de esas cátedras.
Por supuesto, ello implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de presupuesto para la UBA (cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino infraestructurales, edilicios, etcétera), y esto es lo que la actual conducción de la UBA no está dispuesta a hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera “guerra del cerdo” contra los docentes “mayores”.
¿Por qué no está dispuesta a hacerlo (como tantas otras cosas que harían falta)? Esta es una segunda dimensión de política “precisa y concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente entre sectores cercanos al gobierno nacional, sectores de la UCR y sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la UBA una bien coordinada SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitadísima) cuya función principal, más allá de los posicionamientos políticos individuales, parece ser la de garantizar la autoreproducción in aeternum de ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia” superestructural ajena a la vida cotidiana, material y concreta de las “bases” (docentes, estudiantes, no-docentes) que sostienen el trabajo universitario día a día, hora tras hora.
Discutir a fondo cuestiones como la presupuestaria significaría, para este grupo, entrar en estado de potencial conflicto con el gobierno y los partidos o grupos políticos que los sostienen. Eso –que además implicaría una movilización masiva del conjunto de la comunidad universitaria en apoyo a los reclamos– no pueden permitírselo: pondría en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al poder. No es verdad que en la UBA haya hoy “democracia”. En los hechos es una ínfima minoría la que está en posición de tomar las decisiones importantes, ya que por ejemplo –en otra vuelta de esta espiral hecha de círculos viciosos- la inmensa mayoría constituida por los docentes “interinos” no tiene derecho a formar parte de los consejos directivos de las facultades sino a través de la muy discutible ficción de los “graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación “indirecta” que permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es una razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las Asambleas universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas por un auténtico debate plural, sino con todo bien “atadito” por los cabildeos desarrollados entre unos pocos en los pasillos y las oficinas oscuras.
Hace ya mucho tiempo que se requiere imperiosamente de una transformación profunda de los estatutos de la UBA, y muy particularmente de sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica ciudadanía universal a todos sus miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable una gran segunda Reforma Universitaria, que la ponga “al día” con la “democracia radical”. Desde ya: para hacer esto –para hacer algo que no significa ninguna extrema “revolución maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”, como cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509– va a haber que pelear; el anquilosamiento en el poder de la SRL es pétreo, y no va a ser fácil sacudirlo.
Finalmente, y ampliando el círculo, hay una responsabilidad política del Estado nacional que no puede ser soslayada. La autonomía de las universidades nacionales lo es por supuesto respecto del gobierno, de los partidos políticos, de las empresas y corporaciones privadas y demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es económicamente autónoma: siendo estatal y gratuita –y esta es una condición que debe ser mantenida y defendida a rajatablas– depende financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no solamente al gobierno de la UBA, al que hay que exigirle que se haga cargo racionalmente de su mantenimiento, su crecimiento y su adecuado funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que debe garantizar –a través de los mecanismos judiciales y/o parlamentarios que correspondan– que una institución estatal como la UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso de la 26509. No se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande de la Argentina (y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y llanamente fuera de la ley.
Habría muchísimo más que discutir, incluso desde una perspectiva “filosófica” muy amplia. ¿Qué significa en la sociedad actual haber alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera edad”? Por poner un ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un trabajador minero o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para un docente universitario o un intelectual en general, que en condiciones normales a esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado sobre una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el “intelectual” –algo que además en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, por lo menos en las ramas más tecnificadas de la economía– ¿significa entonces que no debemos tomar en cuenta los efectos de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para transformar de raíz ese sistema?
También podríamos discutir qué significa hoy producir intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no es siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor universitario, para tener una producción intelectual crítica e interesante. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una universidad. A Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de habilitación (que se transformaría en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán) para la Universidad de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no alcanzó nunca el título universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos excepcionales ser tomados como ejemplos para negar que gran parte del mejor trabajo intelectual es desarrollado por quienes sontambién docentes universitarios, y lo es hasta mucho después de los famosos 65 años (en algún otro lado hemos citado casos canónicos como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg Gadamer, fallecidos respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de la docencia y la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes como los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90 años en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores “mayores” de la UBA pueden ser contratados o declarados consultos. En primer lugar, eso no soluciona el problema de los docentes mal llamados “auxiliares” que hace años y años que esperan sus concursos cuando han alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los profesores (titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con una renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una dedicación “simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir: volvemos al debate presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado.
Y de todas maneras, para volver a la pregunta: ¿qué significa realmente nuestro trabajo intelectual en la UBA? No es un secreto que el mismo está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente “productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una manera de decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo perverso para hablar de compensaciones “en negro” a los salarios insuficientes– se termina “premiando”, decíamos, la repetición o el reciclaje anodino y rutinario de siempre los mismos papers para congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de enjundiosas investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo mohoso al que nadie jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben voluminosos e importantísimos libros no reciben el más misérrimo “puntaje” con el cual engrosar su curriculum vitae.
En fin, ¿para qué abundar? Por donde le busquemos la vuelta, la conclusión es siempre, dramáticamente, la misma: la UBA está en franca crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un tobogán de patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de las Luces del siglo XVIII– que este embate contra los “jubilables” es el síntoma de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón. No obstante, la UBA sigue siendo –casi exclusivamente por el trabajo apasionado y “a pulmón”, en las peores condiciones, de aquellos docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen amando pese a todo– una de las dos o tres universidades más prestigiosas de América Latina.Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe).
Afortunadamente, la comunidad universitaria ha demostrado tener aún capacidad de reacción. El escándalo de los “jubilables” ha operado como el emergente de un malestar estructural que parece estar encontrando en ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término) una vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera sabemos bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el actual “encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el debate de una buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de las acepciones de esa expresión.
La acción más inmediata que podemos realizar es la de aportar de todas las formas que se nos ocurra para hacer que el acto político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un acontecimiento multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y reflexión crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos, colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos, mediáticos o lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso de los ámbitos educativos, ya que, repetimos, este debería ser un tema de interés general y urgente para toda la sociedad nacional y, si fuera posible, internacional. Pero además, el acto del 8 de junio debería ser tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea orientar el proceso hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más allá de él y continuadamente por los medios más intelectual y políticamente rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales. ¿Conocemos artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas, científicos, periodistas, músicos, diseñadores, bailarines, “graffiteros”, lo que sea? Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo lo que mejor saben hacer, “inventen” modos múltiples de hacer llegar esta problemática y este debate al espacio público, por supuesto los universitarios, pero también las calles, las plazas, los medios de transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate sobre la UBA en una gran movilización de las más creativas energías sociales. Desde ya, hay infinidad de otras situaciones sociales, políticas y culturales que pueden ser tanto o más importantes que la crisis de la UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es una causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que fácilmente y por excelentes razones puede sentirla como suya. No desperdiciemos la oportunidad de una discusión importante, bajo la consigna más general pero también más estricta posible: No a la destrucción de la UBA.
Compañeros, colegas, amigos, conocidos, “público en general”:
El conflicto por los horriblemente llamados “jubilables” de la UBA podría estar alcanzando en las próximas semanas un punto culminante. Ya ha habido notas en los medios, programas de radio, circulan solicitadas y petitorios, hay miles de firmas en solidaridad con los afectados, y el 8 de junio se está preparando un gran acto bajo el formato de “clase magistral” a cargo de algunos/as afectados/as, deseablemente con presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del año 2009, y que el rectorado desobedece con argumentos francamente deleznables.
Todo esto, sin embargo, con ser mucho, todavía no es suficiente. Ni siquiera todos los afectados, menos aún todos los miembros de la comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad argentina en general –que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos–, tiene una idea acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y probablemente del mundo: sí, del mundo, puesto que con nuestros 320 000 estudiantes ya somos más grandes que la UNAM, que tiene 14 veces más presupuesto que la UBA). La posible “liquidación”, por medio de una acción ilegal, de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es una amenaza que de ninguna manera pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario, esta “renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha trascendido la promesa “extraoficial” de que luego se extenderá hasta el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como es la costumbre académica): ¿por qué entonces no hacerla directamente hasta esa fecha (lo cual de todos modos sería improcedente, pues debería hacerse al menos por cinco años más)? ¿Se está especulando con un “retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita seguir con las acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse de sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que de pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy tienen 63 o 64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”.
Sea como sea, de lo que se trata es de un gigantesco ajuste, no solamente económico, sino integral. Ya sería suficientemente catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo que es: un despido sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación” forzada e –insistamos en esto– ilegal) a la “materia gris” más probada y de mayor experiencia de la Universidad, hombres y mujeres en plena actividad productiva en los campos de la enseñanza, la investigación, la extensión y la transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de libros y artículos, y a la cual se la maltrata y humilla de la manera más desconsiderada haciéndole saber vía Banelco que no existe más para la Universidad, después de haber servido lealmente a la UBA durante décadas, y sin considerar la situación particular de tantos de ellos/as que por la propia historia del país de la cual fueron víctimas (exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o que aún sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por unanimidad del Congreso de la Nación en 2009), no ha iniciado sus trámites de jubilación, con lo cual de un día para el otro y sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo –situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas” donde la mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia–. Hasta la peor de las empresas privadas está legalmente obligada a dar un mes de preaviso y la indemnización correspondiente al empleado que despide. La UBA, evidentemente, no.
Pero aún al margen de tales consideraciones “humanitarias”, esta política intempestiva atenta de manera brutal contra la normalidad del trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras enteras, de equipos de investigación, de colectivos de producción científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya sería suficientemente grave. Es toda la comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber la que sufrirá un empobrecimiento desastroso.
Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los tantos otros “ajustes” permanentes con los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos “naturalizado”: por ejemplo, la existencia de algo así como un 30% de docentes de la UBA llamados ad honorem, que sostienen las “trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el “honor” de permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de su bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo que significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la existencia, entre los que sí cobran un magro salario, de algo así como un 70% de docentes “interinos”, no-concursados, vale decir “inestabilizados” por la desidia, el atraso o el desinterés (desinterés bien interesado, en muchos casos) en el llamado y sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de los argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las víctimas).
Es decir: bastan estos datos rápidos para advertir que la UBA es hoy la institución estatal con el índice más alto de precariedad laboral en todos los sentidos. Algo que debería ser absolutamente intolerable que ocurriera en cualquier lado –sobre todo en épocas en que tanto se nos señala la “recuperación de derechos” –, y con mucha más razón para una institución consagrada a la formación científica, intelectual y cultural de miles y miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el denominado “futuro de la nación”.
Sin embargo –seamos sinceros con nosotros mismos– en general lo estuvimos tolerando. Aunque tenemos nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y nuestros ámbitos de reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra presencia física en las facultades (que en sí misma es una consecuencia del “ajuste permanente”, ya que nuestros edificios no cuentan con los espacios adecuados, en muchos casos ni siquiera los espacios adecuados para trabajar), sumado a que estamos obligados a correr de un lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero para llegar a fin de mes, y a cierto “individualismo competitivo” característico de la naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario– ha provocado esa “naturalización” del desastre que estamos describiendo.
Pero estamos llegando, al mismo tiempo, al límite de lo soportable. Entendámonos, por favor: se trata de la UBA, un lugar al que muchos amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras vidas. La docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario, donde marcamos el reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos escapamos a tomar un cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es para el docente (primario, secundario o universitario) su existencia misma. Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros mismos, en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿nuestras cabezas y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo que todo esto es “normal”, que quizá tiene sus problemitas y sus molestias, pero nada que no suceda en cualquier trabajo? No, no podemos. Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución están en la picota.
La cuestión es, por otra parte, profundamente política, en el más alto y noble sentido de la palabra. Es hora, en la UBA y en todas partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De no permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados, incluso contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada menos que la “autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para producir este “ajuste” salvaje contra las propias condiciones mínimas de trabajo en la institución para cuyo trabajo fue conquistada esa autonomía. Es, esa invocación, una obscenidad perversa.
La sociedad para la cual trabajamos, la que paga nuestros salarios, no se merece este tipo de afrentas. Es ya en este primer sentido que decimos que la cuestión es profundamente política: en el sentido de que la polis, la comunidad de los ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su conjunto debe tomar riendas en el asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y convocarla.
Hay también otros sentidos más precisos y “concretos” en los que esta es una cuestión política. Otro de los argumentos “perversos” que se nos da es que los docentes “mayores” deberían dejar el lugar a los más jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos abusivamente desconociendo el derecho que les otorga una Ley nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte) años más, se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de estar “reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad honorem. El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional” por el acceso a los recursos escasos– este argumento mezquinamente “administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional: con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y subdotadas en términos de recursos humanos (pocos auxiliares sobreexplotados trabajando en la precariedad que ya vimos), lo racional sería desdoblarlas, crear nuevas cátedras para las mismas materias, sustanciar concursos, así “haciendo lugar” para los docentes jóvenes, y al mismo tiempo respetando los derechos de los actualmente al frente de esas cátedras.
Por supuesto, ello implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de presupuesto para la UBA (cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino infraestructurales, edilicios, etcétera), y esto es lo que la actual conducción de la UBA no está dispuesta a hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera “guerra del cerdo” contra los docentes “mayores”.
¿Por qué no está dispuesta a hacerlo (como tantas otras cosas que harían falta)? Esta es una segunda dimensión de política “precisa y concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente entre sectores cercanos al gobierno nacional, sectores de la UCR y sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la UBA una bien coordinada SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitadísima) cuya función principal, más allá de los posicionamientos políticos individuales, parece ser la de garantizar la autoreproducción in aeternum de ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia” superestructural ajena a la vida cotidiana, material y concreta de las “bases” (docentes, estudiantes, no-docentes) que sostienen el trabajo universitario día a día, hora tras hora.
Discutir a fondo cuestiones como la presupuestaria significaría, para este grupo, entrar en estado de potencial conflicto con el gobierno y los partidos o grupos políticos que los sostienen. Eso –que además implicaría una movilización masiva del conjunto de la comunidad universitaria en apoyo a los reclamos– no pueden permitírselo: pondría en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al poder. No es verdad que en la UBA haya hoy “democracia”. En los hechos es una ínfima minoría la que está en posición de tomar las decisiones importantes, ya que por ejemplo –en otra vuelta de esta espiral hecha de círculos viciosos- la inmensa mayoría constituida por los docentes “interinos” no tiene derecho a formar parte de los consejos directivos de las facultades sino a través de la muy discutible ficción de los “graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación “indirecta” que permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es una razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las Asambleas universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas por un auténtico debate plural, sino con todo bien “atadito” por los cabildeos desarrollados entre unos pocos en los pasillos y las oficinas oscuras.
Hace ya mucho tiempo que se requiere imperiosamente de una transformación profunda de los estatutos de la UBA, y muy particularmente de sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica ciudadanía universal a todos sus miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable una gran segunda Reforma Universitaria, que la ponga “al día” con la “democracia radical”. Desde ya: para hacer esto –para hacer algo que no significa ninguna extrema “revolución maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”, como cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509– va a haber que pelear; el anquilosamiento en el poder de la SRL es pétreo, y no va a ser fácil sacudirlo.
Finalmente, y ampliando el círculo, hay una responsabilidad política del Estado nacional que no puede ser soslayada. La autonomía de las universidades nacionales lo es por supuesto respecto del gobierno, de los partidos políticos, de las empresas y corporaciones privadas y demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es económicamente autónoma: siendo estatal y gratuita –y esta es una condición que debe ser mantenida y defendida a rajatablas– depende financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no solamente al gobierno de la UBA, al que hay que exigirle que se haga cargo racionalmente de su mantenimiento, su crecimiento y su adecuado funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que debe garantizar –a través de los mecanismos judiciales y/o parlamentarios que correspondan– que una institución estatal como la UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso de la 26509. No se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande de la Argentina (y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y llanamente fuera de la ley.
Habría muchísimo más que discutir, incluso desde una perspectiva “filosófica” muy amplia. ¿Qué significa en la sociedad actual haber alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera edad”? Por poner un ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un trabajador minero o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para un docente universitario o un intelectual en general, que en condiciones normales a esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado sobre una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el “intelectual” –algo que además en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, por lo menos en las ramas más tecnificadas de la economía– ¿significa entonces que no debemos tomar en cuenta los efectos de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para transformar de raíz ese sistema?
También podríamos discutir qué significa hoy producir intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no es siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor universitario, para tener una producción intelectual crítica e interesante. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una universidad. A Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de habilitación (que se transformaría en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán) para la Universidad de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no alcanzó nunca el título universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos excepcionales ser tomados como ejemplos para negar que gran parte del mejor trabajo intelectual es desarrollado por quienes son también docentes universitarios, y lo es hasta mucho después de los famosos 65 años (en algún otro lado hemos citado casos canónicos como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg Gadamer, fallecidos respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de la docencia y la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes como los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90 años en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores “mayores” de la UBA pueden ser contratados o declarados consultos. En primer lugar, eso no soluciona el problema de los docentes mal llamados “auxiliares” que hace años y años que esperan sus concursos cuando han alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los profesores (titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con una renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una dedicación “simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir: volvemos al debate presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado.
Y de todas maneras, para volver a la pregunta: ¿qué significa realmente nuestro trabajo intelectual en la UBA? No es un secreto que el mismo está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente “productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una manera de decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo perverso para hablar de compensaciones “en negro” a los salarios insuficientes– se termina “premiando”, decíamos, la repetición o el reciclaje anodino y rutinario de siempre los mismos papers para congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de enjundiosas investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo mohoso al que nadie jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben voluminosos e importantísimos libros no reciben el más misérrimo “puntaje” con el cual engrosar su curriculum vitae.
En fin, ¿para qué abundar? Por donde le busquemos la vuelta, la conclusión es siempre, dramáticamente, la misma: la UBA está en franca crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un tobogán de patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de las Luces del siglo XVIII– que este embate contra los “jubilables” es el síntoma de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón. No obstante, la UBA sigue siendo –casi exclusivamente por el trabajo apasionado y “a pulmón”, en las peores condiciones, de aquellos docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen amando pese a todo– una de las dos o tres universidades más prestigiosas de América Latina. Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe).
Afortunadamente, la comunidad universitaria ha demostrado tener aún capacidad de reacción. El escándalo de los “jubilables” ha operado como el emergente de un malestar estructural que parece estar encontrando en ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término) una vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera sabemos bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el actual “encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el debate de una buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de las acepciones de esa expresión.
La acción más inmediata que podemos realizar es la de aportar de todas las formas que se nos ocurra para hacer que el acto político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un acontecimiento multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y reflexión crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos, colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos, mediáticos o lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso de los ámbitos educativos, ya que, repetimos, este debería ser un tema de interés general y urgente para toda la sociedad nacional y, si fuera posible, internacional. Pero además, el acto del 8 de junio debería ser tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea orientar el proceso hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más allá de él y continuadamente por los medios más intelectual y políticamente rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales. ¿Conocemos artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas, científicos, periodistas, músicos, diseñadores, bailarines, “graffiteros”, lo que sea? Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo lo que mejor saben hacer, “inventen” modos múltiples de hacer llegar esta problemática y este debate al espacio público, por supuesto los universitarios, pero también las calles, las plazas, los medios de transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate sobre la UBA en una gran movilización de las más creativas energías sociales. Desde ya, hay infinidad de otras situaciones sociales, políticas y culturales que pueden ser tanto o más importantes que la crisis de la UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es una causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que fácilmente y por excelentes razones puede sentirla como suya. No desperdiciemos la oportunidad de una discusión importante, bajo la consigna más general pero también más estricta posible: No a la destrucción de la UBA.on presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del año 2009, y que el rectorado desobedece con argumentos francamente deleznables.
Todo esto, sin embargo, con ser mucho, todavía no es suficiente. Ni siquiera todos los afectados, menos aún todos los miembros de la comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad argentina en general –que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos–, tiene una idea acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y probablemente del mundo: sí, del mundo, puesto que con nuestros 320 000 estudiantes ya somos más grandes que la UNAM, que tiene 14 veces más presupuesto que la UBA). La posible “liquidación”, por medio de unaacción ilegal, de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es una amenaza que de ninguna manera pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario, esta “renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha trascendido la promesa “extraoficial” de que luego se extenderá hasta el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como es la costumbre académica): ¿por qué entonces no hacerladirectamente hasta esa fecha (lo cual de todos modos sería improcedente, pues debería hacerse al menos por cinco años más)? ¿Se está especulando con un “retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita seguir con las acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse de sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que de pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy tienen 63 o 64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”.
Sea como sea, de lo que se trata es de un gigantesco ajuste, no solamente económico, sino integral. Ya sería suficientemente catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo que es: un despido sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación” forzada e –insistamos en esto–ilegal) a la “materia gris” más probada y de mayor experiencia de la Universidad, hombres y mujeres en plena actividad productiva en los campos de la enseñanza, la investigación, la extensión y la transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de libros y artículos, y a la cual se la maltrata y humilla de la manera más desconsiderada haciéndole saber vía Banelco que no existe más para la Universidad, después de haber servido lealmente a la UBA durante décadas, y sin considerar la situación particular de tantos de ellos/as que por la propia historia del país de la cual fueron víctimas (exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o que aún sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por unanimidad del Congreso de la Nación en 2009), no ha iniciado sus trámites de jubilación, con lo cual de un día para el otro y sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo –situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas” donde la mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia–. Hasta la peor de las empresas privadas está legalmente obligada a dar un mes de preaviso y la indemnización correspondiente al empleado que despide. La UBA, evidentemente, no.
Pero aún al margen de tales consideraciones “humanitarias”, esta política intempestiva atenta de manera brutal contra la normalidad del trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras enteras, de equipos de investigación, de colectivos de producción científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya sería suficientemente grave. Es toda la comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber la que sufrirá un empobrecimiento desastroso.
Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los tantos otros “ajustes” permanentes con los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos “naturalizado”: por ejemplo, la existencia de algo así como un 30% de docentes de la UBA llamados ad honorem, que sostienen las “trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el “honor” de permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de su bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo que significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la existencia, entre los que sí cobran un magro salario, de algo así como un 70% de docentes “interinos”, no-concursados, vale decir “inestabilizados” por la desidia, el atraso o el desinterés (desinterés bien interesado, en muchos casos) en el llamado y sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de los argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las víctimas).
Es decir: bastan estos datos rápidos para advertir que la UBA es hoy la institución estatal con el índice más alto de precariedad laboral en todos los sentidos. Algo que debería ser absolutamente intolerable que ocurriera en cualquier lado –sobre todo en épocas en que tanto se nos señala la “recuperación de derechos” –, y con mucha más razón para una institución consagrada a la formación científica, intelectual y cultural de miles y miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el denominado “futuro de la nación”.
Sin embargo –seamos sinceros con nosotros mismos– en general lo estuvimos tolerando. Aunque tenemos nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y nuestros ámbitos de reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra presencia física en las facultades (que en sí misma es una consecuencia del “ajuste permanente”, ya que nuestros edificios no cuentan con los espacios adecuados, en muchos casos ni siquiera los espacios adecuados para trabajar), sumado a que estamos obligados a correr de un lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero para llegar a fin de mes, y a cierto “individualismo competitivo” característico de la naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario– ha provocado esa “naturalización” del desastre que estamos describiendo.
Pero estamos llegando, al mismo tiempo, al límite de lo soportable. Entendámonos, por favor: se trata de la UBA, un lugar al que muchos amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras vidas. La docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario, donde marcamos el reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos escapamos a tomar un cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es para el docente (primario, secundario o universitario) su existencia misma. Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros mismos, en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿nuestras cabezas y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo que todo esto es “normal”, que quizá tiene sus problemitas y sus molestias, pero nada que no suceda en cualquier trabajo? No, no podemos. Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución están en la picota.
La cuestión es, por otra parte, profundamente política, en el más alto y noble sentido de la palabra. Es hora, en la UBA y en todas partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De no permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados, incluso contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada menos que la “autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para producir este “ajuste” salvaje contra las propias condiciones mínimas de trabajo en la institución para cuyo trabajo fue conquistada esa autonomía. Es, esa invocación, una obscenidad perversa.
La sociedad para la cual trabajamos, la que paga nuestros salarios, no se merece este tipo de afrentas. Es ya en este primer sentido que decimos que la cuestión es profundamente política: en el sentido de que la polis, la comunidad de los ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su conjunto debe tomar riendas en el asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y convocarla.
Hay también otros sentidos más precisos y “concretos” en los que esta es una cuestión política. Otro de los argumentos “perversos” que se nos da es que los docentes “mayores” deberían dejar el lugar a los más jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos abusivamente desconociendo el derecho que les otorga una Ley nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte) años más, se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de estar “reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad honorem. El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional” por el acceso a los recursos escasos– este argumento mezquinamente “administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional: con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y subdotadas en términos de recursos humanos (pocos auxiliares sobreexplotados trabajando en la precariedad que ya vimos), lo racional sería desdoblarlas, crear nuevas cátedras para las mismas materias, sustanciar concursos, así “haciendo lugar” para los docentes jóvenes, y al mismo tiempo respetando los derechos de los actualmente al frente de esas cátedras.
Por supuesto, ello implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de presupuesto para la UBA (cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino infraestructurales, edilicios, etcétera), y esto es lo que la actual conducción de la UBA no está dispuesta a hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera “guerra del cerdo” contra los docentes “mayores”.
¿Por qué no está dispuesta a hacerlo (como tantas otras cosas que harían falta)? Esta es una segunda dimensión de política “precisa y concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente entre sectores cercanos al gobierno nacional, sectores de la UCR y sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la UBA una bien coordinada SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitadísima) cuya función principal, más allá de los posicionamientos políticos individuales, parece ser la de garantizar la autoreproducción in aeternum de ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia” superestructural ajena a la vida cotidiana, material y concreta de las “bases” (docentes, estudiantes, no-docentes) que sostienen el trabajo universitario día a día, hora tras hora.
Discutir a fondo cuestiones como la presupuestaria significaría, para este grupo, entrar en estado de potencial conflicto con el gobierno y los partidos o grupos políticos que los sostienen. Eso –que además implicaría una movilización masiva del conjunto de la comunidad universitaria en apoyo a los reclamos– no pueden permitírselo: pondría en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al poder. No es verdad que en la UBA haya hoy “democracia”. En los hechos es una ínfima minoría la que está en posición de tomar las decisiones importantes, ya que por ejemplo –en otra vuelta de esta espiral hecha de círculos viciosos- la inmensa mayoría constituida por los docentes “interinos” no tiene derecho a formar parte de los consejos directivos de las facultades sino a través de la muy discutible ficción de los “graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación “indirecta” que permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es una razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las Asambleas universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas por un auténtico debate plural, sino con todo bien “atadito” por los cabildeos desarrollados entre unos pocos en los pasillos y las oficinas oscuras.
Hace ya mucho tiempo que se requiere imperiosamente de una transformación profunda de los estatutos de la UBA, y muy particularmente de sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica ciudadanía universal a todos sus miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable una gran segunda Reforma Universitaria, que la ponga “al día” con la “democracia radical”. Desde ya: para hacer esto –para hacer algo que no significa ninguna extrema “revolución maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”, como cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509– va a haber que pelear; el anquilosamiento en el poder de la SRL es pétreo, y no va a ser fácil sacudirlo.
Finalmente, y ampliando el círculo, hay una responsabilidad política del Estado nacional que no puede ser soslayada. La autonomía de las universidades nacionales lo es por supuesto respecto del gobierno, de los partidos políticos, de las empresas y corporaciones privadas y demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es económicamente autónoma: siendo estatal y gratuita –y esta es una condición que debe ser mantenida y defendida a rajatablas– depende financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no solamente al gobierno de la UBA, al que hay que exigirle que se haga cargo racionalmente de su mantenimiento, su crecimiento y su adecuado funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que debe garantizar –a través de los mecanismos judiciales y/o parlamentarios que correspondan– que una institución estatal como la UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso de la 26509. No se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande de la Argentina (y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y llanamente fuera de la ley.
Habría muchísimo más que discutir, incluso desde una perspectiva “filosófica” muy amplia. ¿Qué significa en la sociedad actual haber alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera edad”? Por poner un ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un trabajador minero o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para un docente universitario o un intelectual en general, que en condiciones normales a esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado sobre una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el “intelectual” –algo que además en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, por lo menos en las ramas más tecnificadas de la economía– ¿significa entonces que no debemos tomar en cuenta los efectos de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para transformar de raíz ese sistema?
También podríamos discutir qué significa hoy producir intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no es siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor universitario, para tener una producción intelectual crítica e interesante. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una universidad. A Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de habilitación (que se transformaría en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán) para la Universidad de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no alcanzó nunca el título universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos excepcionales ser tomados como ejemplos para negar que gran parte del mejor trabajo intelectual es desarrollado por quienes sontambién docentes universitarios, y lo es hasta mucho después de los famosos 65 años (en algún otro lado hemos citado casos canónicos como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg Gadamer, fallecidos respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de la docencia y la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes como los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90 años en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores “mayores” de la UBA pueden ser contratados o declarados consultos. En primer lugar, eso no soluciona el problema de los docentes mal llamados “auxiliares” que hace años y años que esperan sus concursos cuando han alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los profesores (titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con una renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una dedicación “simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir: volvemos al debate presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado.
Y de todas maneras, para volver a la pregunta: ¿qué significa realmente nuestro trabajo intelectual en la UBA? No es un secreto que el mismo está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente “productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una manera de decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo perverso para hablar de compensaciones “en negro” a los salarios insuficientes– se termina “premiando”, decíamos, la repetición o el reciclaje anodino y rutinario de siempre los mismos papers para congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de enjundiosas investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo mohoso al que nadie jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben voluminosos e importantísimos libros no reciben el más misérrimo “puntaje” con el cual engrosar su curriculum vitae.
En fin, ¿para qué abundar? Por donde le busquemos la vuelta, la conclusión es siempre, dramáticamente, la misma: la UBA está en franca crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un tobogán de patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de las Luces del siglo XVIII– que este embate contra los “jubilables” es el síntoma de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón. No obstante, la UBA sigue siendo –casi exclusivamente por el trabajo apasionado y “a pulmón”, en las peores condiciones, de aquellos docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen amando pese a todo– una de las dos o tres universidades más prestigiosas de América Latina.Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe).
Afortunadamente, la comunidad universitaria ha demostrado tener aún capacidad de reacción. El escándalo de los “jubilables” ha operado como el emergente de un malestar estructural que parece estar encontrando en ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término) una vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera sabemos bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el actual “encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el debate de una buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de las acepciones de esa expresión.
La acción más inmediata que podemos realizar es la de aportar de todas las formas que se nos ocurra para hacer que el acto político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un acontecimiento multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y reflexión crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos, colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos, mediáticos o lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso de los ámbitos educativos, ya que, repetimos, este debería ser un tema de interés general y urgente para toda la sociedad nacional y, si fuera posible, internacional. Pero además, el acto del 8 de junio debería ser tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea orientar el proceso hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más allá de él y continuadamente por los medios más intelectual y políticamente rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales. ¿Conocemos artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas, científicos, periodistas, músicos, diseñadores, bailarines, “graffiteros”, lo que sea? Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo lo que mejor saben hacer, “inventen” modos múltiples de hacer llegar esta problemática y este debate al espacio público, por supuesto los universitarios, pero también las calles, las plazas, los medios de transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate sobre la UBA en una gran movilización de las más creativas energías sociales. Desde ya, hay infinidad de otras situaciones sociales, políticas y culturales que pueden ser tanto o más importantes que la crisis de la UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es una causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que fácilmente y por excelentes razones puede sentirla como suya. No desperdiciemos la oportunidad de una discusión importante, bajo la consigna más general pero también más estricta posible: No a la destrucción de la UBA.
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