La «atribución de responsabilidades» supuso, en primer lugar, muerte, mucha muerte, con una sola intención: «la destrucción física de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas ... una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República». No conocemos, en su total dimensión, el alcance de esa operación. Disponemos, sí, de datos provinciales que indican que durante el franquismo de guerra se produjeron, como mínimo, 35.000 ejecuciones. Si se hace una proyección matizada que tenga en cuenta el mapa político de cada zona que falta por estudiar, y se toma en cuenta la enorme cantidad de expedientes incoados hasta octubre de 1941 (más de 125.000), es posible que la cifra de 50.000 ejecutados en la posguerra, que venía considerándose hasta ahora como probable por la mayoría de los historiadores, haya que corregirla al alza, hasta el punto de que la cifra de todos los ejecutados por «rebelión militar» desde el primer día de la guerra abierta hasta julio de 1948, más los que murieron por abandono, hambre o epidemia, puede superar en mucho los 200.000 y acercarse a los 250.000. No se pueden conocer, obviamente, las cifras de los asesinatos arbitrarios, los «paseos» y los ejecutados por la «ley de fugas», cuyos cadáveres fueron a parar a fosas anónimas que, desde hace unos años, están empezando a ser excavadas, en León y otras zonas, pero que pueden rondar los 30.000.
(Anthony Beevor, La Guerra Civil española)
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