30.9.09

Mi procesamiento

por Horacio Potel

La forma en que yo veo esta cuestión es la siguiente: durante años formé y mantuve en funcionamiento tres bibliotecas públicas de filosofía. Al parecer en Argentina está actividad es ilegal, viola la ley 11723. Si las cosas se guiaran por la razón, se debería revisar esa ley de 1933 que está provocando que se criminalicen a las bibliotecas públicas y a sus bibliotecarios. Eso, claro, si se sigue pensando que éstas son instituciones útiles y necesarias, como me enseñaron en la escuela primaria, donde me decían que la creación de la biblioteca nacional por Mariano Moreno era uno de los hechos fundantes de nuestro país, ya que estaba entre las principales funciones del estado la difusión de la cultura y el conocimiento entre los habitantes del país, en la convicción ilustrada de que solo el conocimiento nos hace libres. Si las cosas siguieran un curso lógico y racional se entendería que una ley de hace más de 70 años no puede legislar sobre cosas que los autores de la misma no pudieron imaginar ni en sus peores sueño o pesadillas.

Como el mundo no es ni lógico ni racional, ante la denuncia de una embajada extranjera: la francesa, y de una corporación de editores, se me inicia una causa judicial. Los jueces están para hacer cumplir las leyes, no para cambiarlas, pero deben tener su criterio. En este caso, tal criterio parece ser que he cometido una falta gravísima que los autoriza a perseguirme y castigarme (entrar en el sistema judicial-penal ya es por si sólo un castigo) como si fuera el peor de los delincuentes, procesándome en tiempo record, -cuando se hubiera podido seguir igualmente la investigación sin llegar a tales extremos- e imponiéndome un embargo de 40000 pesos, a sabiendas que no tengo ninguna propiedad, que soy docente y que en mi último recibo de sueldo figura que gano de bolsillo 1350 pesos. Esta desproporción tan grande entre el supuesto delito cometido y la pena que ya se me está imponiendo, se me hace inexplicable, imposible de entender. ¿Es tan tremendo, tan inmoral para el Estado Argentino la existencia de bibliotecas públicas, bibliotecas adaptadas a las nuevas tecnologías que decuplican el poder de difusión y diseminación de las mismas? Este es un problema político que excede el marco legal y necesita de definiciones políticas. Necesitamos saber si esta criminalización de las bibliotecas es una política de Estado, o solamente la interpretación del juez Pablo Raúl Ormaechea, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37

Es bueno que el fútbol no esté sujeto a monopolios, y pueda llegarle a todos. Es bueno que se luche contra los monopolios mediáticos que pretenden adueñarse de la información e imponer su interpretación de la realidad, pero entonces es al menos justo que la filosofía también pueda ser pública y los interesados en la misma, independientemente del lugar en que nacieron y de su condición social, tengan acceso libre a ella. Proveer de conformidad, será justicia.